PERU.- Las investigaciones del caso Odebrecht en América Latina aún se topan con la dificultad de desentrañar y establecer vínculos entre el soborno que la constructora admitió pagar y los políticos de los países involucrados.
En toda la región, equipos de trabajo fueron activados a finales de 2016, luego que la empresa anunciara la firma de un acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que admitió haber transferido $1,000 millones en sobornos a países de las Américas y de África.
Las investigaciones fuera de Brasil, iniciadas hace cerca de un año y medio, ya involucran al menos 254 solicitudes de colaboración dirigidas a la Justicia brasileña.
El número es prácticamente igual a los 259 pedidos hechos por las autoridades brasileñas para obtener informaciones de otros países.
“Es un camino de doble vía que nos ha permitido recuperar cientos de millones de reales desviados de las arcas públicas hacia el exterior y obtener documentos esenciales para responsabilizar a criminales poderosos, política y económicamente”, afirma el procurador Roberson Pozzobon, integrante de la fuerza de trabajo de Curitiba, donde la Operación Lava-Jato fue desentrañada.
“En paralelo, propició que Brasil compartiera pruebas que permitieron que avanzaran en otros países las investigaciones contra presidentes, expresidentes y exministros”, añadió.
Las investigaciones, sin embargo, caminan a pasos más lentos que en Brasil. En Perú, por ejemplo, cuatro expresidentes están siendo investigados. Han sido detenidos siete exfuncionarios del Estado, supuestos testaferros de agentes de mayor rango. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de este año, no hubo operaciones ni nuevos arrestos. Odebrecht celebró acuerdos de colaboración que incluyen la continuidad de sus operaciones para cubrir daños causados por los delitos que admitió.
También están trabadas las investigaciones en México. No hay funcionarios públicos enfrentando juicios, y los mayores castigos dados fueron sanciones administrativas para funcionarios de Odebrecht y de Pemex, la petrolera estatal del país. La empresa admitió haber pagado $10.5 millones en México. La Procuraduría General informó que el caso estaba cerrado en octubre de 2017. Sin embargo, hasta julio de este año, nadie fue indiciado.
Los trabajos de investigación en Panamá llegaron recientemente a paralizarse por seis meses, pero fueron retomados en abril. El país anunció, en diciembre de 2016, justo después del acuerdo de Odebrecht con el gobierno de Estados Unidos, la creación de una Fiscalía Especial Anticorrupción del Caso Odebrecht.
Ecuador es otro país en el que los políticos aún no fueron condenados por las investigaciones del caso Odebrecht. Los trabajos de los investigadores ecuatorianos avanzaron al punto de condenar a nueve funcionarios del gobierno y de la constructora en el país. Un nuevo frente de investigación surgió el año pasado, con la denuncia de irregularidades en el metro de Quito, una obra de $495 millones.
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