El tribunal estuvo presidido por la magistrada Mary G. Díaz Castillo, e integrado por los jueces Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun, quienes basaron su decisión en las pruebas contundentes presentadas durante el proceso, las cuales demostraron la responsabilidad penal del imputado.
Según el expediente, los hechos salieron a la luz el 24 de julio de 2024, cuando el agresor, cuyo nombre se omite para proteger la integridad de la niña, contactó a la abuela materna de la menor para solicitar su custodia durante el período de vacaciones.
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